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La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, asumirá la nueva investigación sobre el desvío de fondos públicos concedidos al sindicato UGT y que presuntamente se utilizaron para pagar pancartas, decoración de hogar tiendas de fiestas y otros gastos internos del sindicato.
Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, tras recibir una consulta del juez de instrucción 9, a quien correspondió la primera denuncia contra UGT, ha decidido que por conexidad de los hechos investigados el caso debe ser instruido por la juez Alaya.
La relación entre ambas denuncias deriva de que la juez de instrucción 6 de Sevilla investiga desde marzo pasado, en la llamada Operación Heracles, el posible desvío de las sobrecomisiones que cobraban los mediadores en los ERE y la supuesta financiación ilegal de los sindicatos.
Las citadas fuentes han precisado que la acumulación se refiere en principio sólo a las diligencias que correspondieron al juzgado de instrucción 9, aunque posteriormente el sindicato Manos Limpias presentó hasta ocho ampliaciones de denuncia, de las que de momento se sabe que han correspondido a los juzgados 4, 5 y 19 de Sevilla pero que aún no han elevado ninguna consulta.
Las ampliaciones de denuncia se fueron presentando según las informaciones que publicaba el diario El Mundo en el sentido de que UGT, presuntamente, destinó las subvenciones de la Junta para formación de parados a diversos gastos como la limpieza y reparaciones en sus sedes, sus pancartas y charangas en manifestaciones, la fiesta para afiliados en la caseta de UGT en la Feria de Sevilla o las felicitaciones de Navidad.
Una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) indica que el decano sevillano ha tomado esta decisión después de la cuestión de competencia planteada por el juzgado número 9 y añade que la decisión de que lo instruya Alaya "se debe a que ya existía un conocimiento de estos hechos por previa investigación judicial".
Por la Operación Heracles se encuentran encarcelados desde marzo el exsindicalista de UGT y "conseguidor" Juan Lanzas y los directivos de la aseguradora Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué.
En el auto que envió a prisión a varios imputados en esta rama de los ERE, la juez aseguró que UGT y CCOO habían disfrutado "durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular" pues habrían impuesto "de manera arbitraria e ilegítima" el pago por su mediación y "como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial".
Aunque con posterioridad a la Operación Heracles la juez abrió en septiembre una pieza secreta y la primera denuncia de Manos Limpias contra UGT es de agosto, las citadas fuentes han explicado a Efe que en este caso, según las normas de reparto de Sevilla, prima el principio competencial -pues los hechos ya han sido objeto de investigación judicial- sobre el de la mera fecha de incoación del procedimiento.
Al asumir esta investigación, decorativo otros ornamentos la juez Alaya amplía aún más una de las numerosas macrocausas que instruye, entre las que se encuentran la de los ERE -con 123 imputados-, las tres de Mercasevilla y la referente a la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis.
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